Un atestado de la Policía Local de Mogán logra el primer desahucio dimanante de un delito de usurpación de bien inmueble de Canarias

La vivienda social, propiedad del Gobierno de Canarias, debía estar desocupada hasta la finalización del procedimiento de entrega a su adjudicatario legal.

Tras ocupar ilegítimamente la mujer, en compañía de tres menores, la vivienda social forzando las cerraduras de la puerta de acceso a la misma, y accediendo, por tanto, de forma violenta a su interior, la Policía Local de Mogán abrió las oportunas diligencias policiales. Así, durante el transcurso de las mismas, requirieron a la mujer el abandono voluntario de la vivienda, extremo al que la ocupante se negó, manifestando su intención de quedarse en la vivienda por tiempo indefinido.

Ante tal situación, la Policía Local de Mogán procedió con el inicio del correspondiente atestado, imputando a la ocupante de la vivienda usurpada un presunto delito de usurpación de bien inmueble. De esta forma, se la citó para los días siguientes ante el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde se celebró el oportuno juicio rápido por delito de usurpación de bien inmueble, que vino a concluir con el desalojo de la vivienda por parte de sus ilegítimos ocupantes, recuperando así la posesión de la misma para que el Instituto Canario de la Vivienda pudiese realizar el procedimiento de entrega a su adjudicatario legal.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, señaló que “el excelente trabajo de la Policía Local de Mogán ha permitido resultados satisfactorios en el presente procedimiento. Desde el Consistorio estamos satisfechos con el resultado del señalamiento. La figura de las medidas cautelares es vital para poder conseguir la devolución de la vivienda social para que ésta, a su vez, pueda ser entregada a su legítimo adjudicatario”.

Navarro continuó explicando que “esperamos que este resultado sea disuasorio para aquellas personas que hayan podido pensar en ocupar ilegalmente una vivienda social, ya que al realizar esta ocupación dejarían desamparada a la persona que legalmente tiene derecho sobre esa vivienda, además de desampararse ellos a sí mismos”. Así, edil apuntó que “los procedimientos legales deben ser rigurosamente cumplidos para poder acceder a una vivienda social”.

“Por otra parte”, indicó Navarro, “desde el Instituto Canario de la Vivienda nos han indicado que el municipio de Mogán es donde primero se ha producido un desalojo de estas características en Canarias, por lo que también es de justicia reconocer el excelente trabajo realizado por la Policía Local de Mogán para la consecución de tal resultado, por lo que deseo trasladarles muy especialmente mis felicitaciones”.